miércoles, 17 de febrero de 2016

9:07 p. m.
DISTRITO NACIONAL. República Dominicana.- Para que no puedan ser utilizados en medio de un proceso electoral, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), decidió este miércoles suspender la asignación del Fondo de Gestión Social dedicado a los legisladores hasta el mes de junio.
La propuesta de suspender el barrilito en el Senado y el cofrecito en la Cámara de Diputados, es del presidente de la Junta Central Electoral, quien dijo que esto no implica un cuestionamiento a esos fondos, sino que se realiza “debido a la inconveniencia de que dichos recursos sean utilizados en medio de un proceso electoral.
La decisión fue tomada por el Pleno de la JCE  en atribución “de sus facultades legales”.
El organismo encargó a las autoridades administrativas de ambas cámaras la ejecución de la referida medida.
Con relación a la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante el Pleno de la JCE, sobre gasto excesivo en publicidad gubernamental, la entidad dijo que la misma “se contrae a hechos y situaciones ocurridos en el mes de enero del año en curso, con anterioridad a la Proclama dictada el 02 de febrero, momento a partir del cual se declaró formalmente abierto el período electoral, de conformidad con los artículos 87 y 88 de la Ley 275-97. Siendo en consecuencia, competencia de la Contraloría General de la República o de la Cámara de Cuentas, el examen de esta denuncia”.
El Pleno dispuso, además, que en las cuentas en las redes sociales de los órganos del Estado, sean éstas de los tres Poderes clásicos, o de cualquier otro organismo estatal; tales como páginas web, cuenta de Twitter, Facebook, o cualquier otra de las herramientas de trabajo en las redes sociales, de uso oficial de las instituciones públicas, sus administradores “deben abstenerse de utilizar estas plataformas para difundir mensajes o imágenes que se identifiquen con un candidato, partido u organización política, sea de manera abierta o subliminal, directa o indirecta”.
Esta media había sido denunciada por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Alianza País sobre uso de los recursos del Estado.



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