SANTO DOMINGO.- El Bloque de Diputados del Partido Reformista y la Comisión de Políticas Públicas de esa organización, consideraron este martes que el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos debe dejar de ser un mero protocolo Constitucional para convertirse en una verdadera herramienta de planificación y desarrollo del país.Los ingenieros Ramón Rogelio Genao, Vicepresidente y Vocero de los Diputados y Guillermo Caram, Presidente de la Comisión de Políticas Públicas del PRSC, consideraron que la pieza tiene los mismos pecados de años anteriores y que su confesión, se hizo de la periferia hacia el centro en perjuicio de lo principal como es la educación, salud, seguridad ciudadana, energía eléctrica, entre otros y en adición a esto, no traduce las medidas de austeridad que demanda la crisis económica que vive el país.
Dada la complejidad, informalidad y las pocas explicaciones de cifras del presupuesto presentado por el gobierno, emitiremos nuestras opiniones en varias etapas, explican en un documento entregado en la rueda de prensa celebrada en horas de la mañana.
"De partida, iniciamos afirmando que se trata de un presupuesto deficitario según lo reconoce el propio proyecto de ley, en su Art. 3 al expresar que se trata de “un resultado presupuestario con un déficit… de 30, mil 887 millones de pesos”. Pero en ésta suma no están incluidos los pagos por amortización de deudas ni reembolsos tributarios previstos en leyes especiales que hacen RD$40 mil 157 millones, lo cual eleva el déficit a 81 mil 044 millones de pesos, algo más de 2200 millones de dólares a una tasa de cambio deducida de 35.7 por dólar.
Este déficit pretende ser financiado por el gobierno mediante RD$31, mil 158 millones desglosados en 20, mil 013 millones de pesos dominicanos con la emisión de bonos y valores para el mercado interno a una tasa usurera de interés del 25% y a un año de plazo.
Como en el presente año apenas se obtuvo el 40% de colocaciones de estos bonos y valores, y dado las dificultades previsibles en el 2009, no creemos que se pueda lograr esta meta de colocaciones.
Once mil 145 millones de pesos dominicanos provenientes de PETROCARIBE, cuando no se sabe cual será el comportamiento de los precios del petróleo y la actitud del gobierno de Venezuela frente a la crisis internacional; sobre todo que el crudo reconstituido que compramos ronda los 40 dólares el barril, lo que limita el financiamiento al 30% de la factura petrolera.
A estos pesos, equivalentes a 872 millones de dólares, habría que sumarle la autorización solicitada en el presupuesto para contratar 2 mil 455 millones de dólares conforme se desglosa a continuación:
US$555 millones para apoyo presupuestario con el BM, BID y la Corporación Andina de Fomento, según se consigna en el Art. 23 del proyecto y
mil 900 millones de US$ para obras de infraestructura según el Art 24 que incluyen mil 500 millones de US con “instituciones bancarias internacionales”.
En conjunto, el endeudamiento previsto en el presupuesto asciende a 3 mil 327 millones de dólares, equivalente a incrementar la deuda pública por culpa del gobierno en aproximadamente un 33 % en un solo año, sin contar con el endeudamiento del Banco Central.
Por eso consideramos que de aprobarse el presupuesto como ha sido sometido, que implica autorización por adelantado de un elevadísimo nivel de endeudamiento, el país quedará virtualmente hipotecado.
Con el agravante que como los gastos son predominantemente fijos y los endeudamientos estén por verse, por contratarse y desembolsarse, pues dependen de trámites, condicionalidades en momentos en que los mercados financieros internacionales auguran incertidumbres; se corre el riesgo que dichos financiamientos no sean obtenidos y el déficit fiscal termine siendo financiado con emisiones inorgánicas provocadoras de devaluación e inflación; a menos que el gobierno decida paralizar el Estado más de lo que está.
A estos fines, la única solución a manos es revisar las partidas de gastos para reducirlos y reorientarlos para que el presupuesto sea más equilibrado, con menor déficit; y que permita llegar a un acuerdo en torno a demandas perentorias como las de los ayuntamientos, particularmente una partida de 60 millones de pesos al Ayuntamiento de Santiago para el relleno sanitario de esa ciudad y resolver los problemas de contaminación que la afectan.
Once mil 145 millones de pesos dominicanos provenientes de PETROCARIBE, cuando no se sabe cual será el comportamiento de los precios del petróleo y la actitud del gobierno de Venezuela frente a la crisis internacional; sobre todo que el crudo reconstituido que compramos ronda los 40 dólares el barril, lo que limita el financiamiento al 30% de la factura petrolera.
A estos pesos, equivalentes a 872 millones de dólares, habría que sumarle la autorización solicitada en el presupuesto para contratar 2 mil 455 millones de dólares conforme se desglosa a continuación:
US$555 millones para apoyo presupuestario con el BM, BID y la Corporación Andina de Fomento, según se consigna en el Art. 23 del proyecto y
mil 900 millones de US$ para obras de infraestructura según el Art 24 que incluyen mil 500 millones de US con “instituciones bancarias internacionales”.
En conjunto, el endeudamiento previsto en el presupuesto asciende a 3 mil 327 millones de dólares, equivalente a incrementar la deuda pública por culpa del gobierno en aproximadamente un 33 % en un solo año, sin contar con el endeudamiento del Banco Central.
Por eso consideramos que de aprobarse el presupuesto como ha sido sometido, que implica autorización por adelantado de un elevadísimo nivel de endeudamiento, el país quedará virtualmente hipotecado.
Con el agravante que como los gastos son predominantemente fijos y los endeudamientos estén por verse, por contratarse y desembolsarse, pues dependen de trámites, condicionalidades en momentos en que los mercados financieros internacionales auguran incertidumbres; se corre el riesgo que dichos financiamientos no sean obtenidos y el déficit fiscal termine siendo financiado con emisiones inorgánicas provocadoras de devaluación e inflación; a menos que el gobierno decida paralizar el Estado más de lo que está.
A estos fines, la única solución a manos es revisar las partidas de gastos para reducirlos y reorientarlos para que el presupuesto sea más equilibrado, con menor déficit; y que permita llegar a un acuerdo en torno a demandas perentorias como las de los ayuntamientos, particularmente una partida de 60 millones de pesos al Ayuntamiento de Santiago para el relleno sanitario de esa ciudad y resolver los problemas de contaminación que la afectan.
Sobre esta reducción y reorientación específica del gasto, nos referiremos en una próxima ocasión.
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