No podrán ser expulsadas del país, recibirán prestaciones económicas, asistencia letrada e intérpretes gratuitos
Alejandro Posilio La Voz de la Noticia.
Las prostitutas extranjeras en situación irregular en España tendrán cobertura legal y ayudas económicas del Gobierno si deciden denunciar a quienes las explotan. Dispondrán de un plazo de treinta días para iniciar su colaboración con la Justicia, tiempo durante el que no podrán ser expulsadas del país y tendrán acceso a la tarjeta de residencia.
Estas son algunas de las principales medidas que figuran en el Plan Integral contra la Trata de seres humanos que presentó ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a diferentes organizaciones que trabajan en ayuda de estas mujeres. El Ejecutivo prevé que este proyecto, en el que han trabajado once ministerios, tenga una vigencia de tres años y sea aprobado antes de que acabe el 2008.
Aído no precisó la cuantía económica que recibirán las meretrices durante este período, aunque aclaró que el objetivo es que tengan «un cierto soporte inicial y no se vean aún más desvalidas». Para ello, dispondrán de casas de acogidas, así como de asistencia letrada gratuita, de intérprete de su lengua cuando lo necesiten y de medidas especiales de protección, tanto para las denunciantes como para sus testigos.
«Queremos que las víctimas de trata estén bien atendidas, tengan garantías jurídicas y condiciones suficientes para que se sientan seguras, para que denuncien sin miedo y se sientan con libertad para colaborar con la Justicia y que los explotadores terminen ante los jueces», precisó la titular de Igualdad.
Según los datos que ofreció, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes, y se calcula que ocho de cada diez son víctimas de tráfico de seres humanos. Solo el 5% ejerce esta actividad de manera voluntaria.
La ministra avanzó que los once ministerios implicados están desarrollando la memoria económica que supondrán todas estas iniciativas, pero aseguró que «no faltarán recursos». El plan será remitido al representante especial contra la trata de seres humanos de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) y a las comunidades autónomas, para su debate en la próxima conferencia sectorial.
Además, se desarrollarán campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que «generalmente, detrás de una prostituta hay una víctima de explotación». Entre las iniciativas también aparecen la formación de profesionales preparados para ayudarlas y políticas activas de cooperación con los países de origen de las mujeres para combatir las causas por las que los abandonan.
Alejandro Posilio La Voz de la Noticia.
Las prostitutas extranjeras en situación irregular en España tendrán cobertura legal y ayudas económicas del Gobierno si deciden denunciar a quienes las explotan. Dispondrán de un plazo de treinta días para iniciar su colaboración con la Justicia, tiempo durante el que no podrán ser expulsadas del país y tendrán acceso a la tarjeta de residencia.
Estas son algunas de las principales medidas que figuran en el Plan Integral contra la Trata de seres humanos que presentó ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a diferentes organizaciones que trabajan en ayuda de estas mujeres. El Ejecutivo prevé que este proyecto, en el que han trabajado once ministerios, tenga una vigencia de tres años y sea aprobado antes de que acabe el 2008.
Aído no precisó la cuantía económica que recibirán las meretrices durante este período, aunque aclaró que el objetivo es que tengan «un cierto soporte inicial y no se vean aún más desvalidas». Para ello, dispondrán de casas de acogidas, así como de asistencia letrada gratuita, de intérprete de su lengua cuando lo necesiten y de medidas especiales de protección, tanto para las denunciantes como para sus testigos.
«Queremos que las víctimas de trata estén bien atendidas, tengan garantías jurídicas y condiciones suficientes para que se sientan seguras, para que denuncien sin miedo y se sientan con libertad para colaborar con la Justicia y que los explotadores terminen ante los jueces», precisó la titular de Igualdad.
Según los datos que ofreció, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes, y se calcula que ocho de cada diez son víctimas de tráfico de seres humanos. Solo el 5% ejerce esta actividad de manera voluntaria.
La ministra avanzó que los once ministerios implicados están desarrollando la memoria económica que supondrán todas estas iniciativas, pero aseguró que «no faltarán recursos». El plan será remitido al representante especial contra la trata de seres humanos de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) y a las comunidades autónomas, para su debate en la próxima conferencia sectorial.
Además, se desarrollarán campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que «generalmente, detrás de una prostituta hay una víctima de explotación». Entre las iniciativas también aparecen la formación de profesionales preparados para ayudarlas y políticas activas de cooperación con los países de origen de las mujeres para combatir las causas por las que los abandonan.
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