Revelan España fue cómplice en vuelos clandestinos de EU

Madrid, 1 dic (PL).- Nuevas revelaciones sobre la complicidad del gobierno de José María Aznar con Estados Unidos para el traslado clandestino de prisioneros a Guantánamo a través de España, concentran hoy la atención de la opinión pública española.
Esa vinculación salió a la luz ayer cuando el periódico El País, publicó un informe secreto, según el cual la administración de Aznar conoció desde un primer momento el trasiego de presos en aviones militares norteamericanos hacia Guantánamo.
Ese documento indica, que el 10 de enero de 2002 un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Madrid, solicitó autorización al gobierno entonces presidido por Aznar para que los vuelos secretos realizaran escala en aeropuertos españoles.
El País, detalla el agitado movimiento que motivó esa petición dentro del gabinete hasta concluir en la casi inmediata respuesta positiva a la demanda de Washington.
Como participantes en ese ajetreo, el periódico mencionó ayer al director general de Política Exterior para América del Norte de la cancillería, Miguel Aguirre de Cárcer, quien comunicó el asunto al ministro, Josep Piqué, y al secretario de Estado, Miquel Nadal.
Y hoy, agregó al vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la sección española del comité permanente hispano-norteamericano, y al secretario general de política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, señalado como mano derecha del entonces ministro de esa cartera, Federico Trillo.
También aparece el nombre de Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del gabinete de Aznar.
El País, califica de frenéticas las consultas efectuadas para contestar a la solicitud de la embajada estadounidense y reitera que en esos contactos intervinieron los más cercanos colaboradores de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa y del propio presidente.
De acuerdo con nuevos documentos revelados este lunes por el diario, las autoridades seleccionaron los aeropuertos de Morón y Rota, “como los más discretos” para el tipo de operaciones propuestas los norteamericanos.
El gobierno era plenamente consciente de la ilegalidad de estos traslados y una de sus principales preocupaciones cuando recibió la solicitud del Pentágono fue evitar que pudiese trascender a la opinión pública, sostiene el periódico.