LOS ÁNGELES. California.-
Enrique Salas García tenía 6 años de edad cuando sus padres lo trajeron de
México durante la ola migratoria de finales de la década de 1970.
Al terminar high school ingresó a los Marines para
combatir en la Guerra del Golfo Pérsico en 1992. Después de cuatro años en
combate fue dado de alta de las fuerzas armadas, pero permaneció en la reserva
en caso de que sus servicios como soldado fueran requeridos.
Enrique Salas García sirvió
como Marine en la Guerra del Golfo. ACLU
Pero en 2006, luego de haber vivido 29 años en Estados
Unidos, el gobierno al que sirvió en el campo de batalla lo expulsó del país.
Salas García no había regularizado su residencia
permanente y fue deportado tras pasar seis meses en una cárcel de California
por posesión de droga, un delito que actualmente es menor, pero que bajo las leyes de inmigración es considerado serio.
El caso de Salas García es uno de los 59 que ha
documentado la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) al elaborar
un reporte en el que expone como un fracaso del gobierno estadounidense la
ayuda que debieron haber recibido un sinnúmero de inmigrantes que sirvieron en
las fuerzas armadas, pero que fueron deportados.
El informe “Discharged, Then Discarted” (dado de alta, luego
descartado), fue hecho público este miércoles durante una conferencia de prensa
en Los Ángeles.
De acuerdo con los abogados de la ACLU, todos los
veteranos de guerra que han sido deportados tenían derecho a la ciudadanía por
la vía del servicio militar.
El reporte no precisa cuántos inmigrantes que sirvieron en
las fuerzas armadas han sido deportados, pero refiere que de 1999 a 2008 alrededor de
70,000 inmigrantes se enlistaron y estuvieron en activo.
En una casa de apoyo a los veteranos de guerra deportados,
conocida como “El Búnker” y que se ubica en la ciudad fronteriza
de Tijuana, México, se han atendido 239 exmilitares estadounidenses que fueron
echados del país.
Actualmente se estima en 608,000 los veteranos de guerra
inmigrantes que aún viven, según señala el mismo informe de la ACLU.
“El fracaso del gobierno federal para ayudar a naturalizar
a inmigrantes que sirven en el ejército de Estados Unidos ha dado lugar a la
expulsión de un número incalculable de veteranos, todos los cuales tenían
derecho a convertirse en ciudadanos debido a su servicio”, recalcó la
organización de defensa de derechos civiles.
La ACLU hace una serie de recomendaciones entre las que
destacan reestablecer la discreción judicial a los jueces de inmigración para
que consideren el servicio militar como beneficio para que no sean deportados,
que Inmigración y Aduanas (ICE) imponga moratoria en órdenes de deportaciones
de quienes sirvieron en activo, y que se reabran los casos de quienes ya han
sido expulsados para que puedan solicitar la ciudadanía.
Los 59 casos que documentó la ACLU representan a veteranos
de guerra de 22 países, algunos de ellos que sirvieron en la guerra de Vietnam
y otros en las operaciones Tormenta del Desierto y Libertad Duradera en Irak.
“Una vez que regresaron de servicio estuvieron sujetos a
las leyes severas de inmigración que reclasifica muchos delitos menores como
delitos serios para ser deportados”, expone el informe.
Bardis Vakili, abogado de ACLU que colaboró en el reporte,
consideró que Estados Unidos les ha dado la espalda en el momento en que esos
veteranos de guerra más necesitaban la ayuda del gobierno para rehabilitar sus
vidas después del servicio militar.
“Este es un trágico y vergonzoso ejemplo de cómo nuestro
sistema de inmigración está descompuesto”, agregó Vakili.
Veterano de EE.UU. protesta en Tijuana por las
deportaciones de militares.
Enrique Salas García sirvió
como Marine en la Guerra del Golfo. ACLU
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