martes, 3 de mayo de 2016

11:49 a. m.




En resumen, todo aquel que observó y participó de la llamada prueba, de seguro que jamás respaldaría que se aplique de modo tan apresurado un sistema que ni siquiera los propios técnicos de la JCE manejan con eficacia y transparencia.
El debate público sobre la aplicación del sistema de escrutinio y conteo automatizado de los votos de las elecciones del próximo 15 de mayo, deja la impresión de que se trata de una confrontación entre defensores a capa y espada, incondicionales, de la JCE y su presidente, Roberto Rosario, y otros que por sectarismo y desorientación lo adversan y cuestionan.
Los primeros consideran injustos los cuestionamientos a una JCE que ha trabajado largo e intenso y con ímpetu modernizador. En realidad, el trabajo de los jueces de la JCE no ha sido del tamaño y la calidad que ellos creen y sus publicistas propagan, pero ha sido valioso.
Ahora bien, las elecciones generales de un país no son, en ningún lugar, un acto de homenaje y premiación a nadie, sino el momento supremo de confrontación pacifica, –pero tensa-, de fuerzas políticas que luchan por el poder.
La disposición de la JCE para la aplicación del sistema automatizado de escaneo y conteo de los votos en todo el país fue publicada el 17 de abril como la Resolución No.64-2016. Si se lee con atención, y en paralelo la Ley Electoral, Ley No.275-97, en sus artículos relacionados con el escrutinio, conteo, verificación, impugnaciones y la conformación del padrón de concurrentes, se encontrará que la resolución y la ley no cuadran, se oponen o anulan una a la otra y en ese caso, según los juristas, “ley mata resolución”.
Además, la disposición de la JCE modifica radicalmente el eslabón clave de las elecciones: el conteo y validación del voto. ¡Lo más importante!
Esa modificación sustancial del sistema de escrutinio se está proponiendo a escasos días de las elecciones y sin antes haber pasado el filtro de pruebas experimentales suficientes y una adecuada auditoría técnica independiente de dicho sistema. Para colmo de males, la prueba intentada el pasado domingo primero de mayo fue un rotundo fracaso. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, municipio en el que tuve la oportunidad de observar el proceso en diferentes recintos de votación, muchos de los equipos no funcionaron y en otros los técnicos responsables de la demostración o prueba no pudieron completar sus tareas luego de largas horas de intento.
En resumen, todo aquel que observó y participó de la llamada prueba, de seguro que jamás respaldaría que se aplique de modo tan apresurado un sistema que ni siquiera los propios técnicos de la JCE manejan con eficacia y transparencia.
En consecuencia, la JCE se coloca ella misma en la franja de la duda al querer “innovar” a última hora, sin estar preparada ni haber logrado consenso y, peor aún, violando su propia ley electoral, Ley 275-97, especialmente en sus artículos 127, 133 y 135. Todo lo que piden las fuerzas de la oposición es que se les garantice el conteo manual de cada voto y que luego se realice –en un número acordado de colegios– el conteo electrónico. Danilo Medina ganó la Presidencia de la República con el sistema de conteo manual de votos. No hay nada más enriquecedor que la innovación, pero, decía Mao Tse Tung: “apliquemos la medicina para curar el enfermo, no para matarlo”.
En resumen, los defensores encendidos de la JCE y Roberto Rosario deberían explicar qué hacer con la Ley Electoral: ¡¿La violamos?! ¿La sustituimos por una resolución?


Antonio Almonte. Ex director de la Comisión Nacional de Energía. Graduado en Física y en Ingeniería Nuclear (Madrid y Londres).






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