DISTRITO NACIONAL. República Dominicana. 12 jul
(EFE).- Inversionistas se querellaron este martes en contra del grupo Cap Cana
y al empresario Ricardo Hazoury por una supuesta estafa al Estado, corrupción
privada y lavado de activos.
Los inversiones, representados por
el abogado, Miguel Valerio, denunciaron el caso ante la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), según
revelaron en una rueda de prensa.
Argumentan,
en su denuncia, incumplimiento de contrato en el proyecto turístico Racquet
Village.
Los
adquirientes, la mayoría inversionistas extranjeros, alegan haber sido
estafados por la venta inmobiliaria y de mantener al proyecto Racquet Village
abandonado en su proyección, luego de haber recibido el pago de millones de
dólares por la venta de lotes.
A
la vez, acusan a Cap Cana y a Hazoury “de haber cometido un acto de corrupción
privada, en perjuicio de los adquirientes y de paso perjudicar al Estado y
haber incurrido en lavado de activos”.
Según
Valerio, tanto Hazoury como los representantes de la sociedad Cap Cana S.A.,
cometieron presunta corrupción privada por estafa millonaria al Estado
dominicano y a inversionistas nacionales y extranjeros; se beneficiaron
irregularmente de incentivos y exenciones fiscales para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios en zonas turísticas y no ejecutaron obras afectando
gravemente el clima de inversión extranjera de la República Dominicana.
Explica
que los contratos suscritos entre los querellantes y el grupo suponían no sólo
la entrega de las infraestructuras en el tiempo pautado de 24 meses a partir de
la firma del contrato, sino también que los adquirientes se beneficiarían de
los beneficios fiscales derivados de la aplicación de la Ley 158-01 que fomenta
el turismo.
Cap
Cana, sus propietarios, ejecutivos y empresas asociadas, “constituyeron un
entramado de corrupción privada; ya que no solo se verifica, por el hecho de no
cumplir la obligación pautada, sino que se materializara un desvío de los
fondos obtenidos de los inversionistas/adquirentes hacia actividades no
determinadas ni vinculadas a la concreción del objeto de los contratos”,
subrayó.EFE
Los inversiones, representados por el abogado,
Miguel Valerio, denunciaron el caso ante la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), según revelaron en una
rueda de prensa.
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