BRASILIA.- El fiscal general de Brasil solicitó a la
Corte Suprema que autorice una investigación al expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva por su supuesto papel en una red de corrupción en la paraestatal
petrolera Petrobras, informó este martes el tribunal.
El fiscal Rodrigo Janot también quiere investigar al
ministro de Comunicación Social Edinho Silva, al ministro de Asuntos Políticos,
Ricardo Berzoini, y a Jaques Wagner, quien encabeza la oficina de la
presidenta, Dilma Rousseff, indicó la oficina de prensa de la corte.
Janot le solicitó el lunes al máximo tribunal del país que
autorice una investigación al candidato presidencial opositor Aecio Neves por
su presunta participación en la red de corrupción en Petrobras. Neves perdió
las elecciones ante Rousseff en 2014 por escaso margen.
Medios de comunicación locales reportaron que Janot
también desea investigar a altos funcionarios del partido opositor PMDB,
incluido el senador Romero Juca, director de dicho organismo, pero la
procuraduría general no confirmó esa información.
De acuerdo con la ley brasileña, la Corte Suprema debe
autorizar cualquier investigación de altos funcionarios del gobierno y legisladores.
El máximo tribunal también debe autorizar o no cualquier juicio a esas
autoridades.
Janot basó su solicitud en los testimonios emitidos por el
senador Delcidio do Amaral en un acuerdo extrajudicial, luego de que se vio
envuelto en la creciente pesquisa por corrupción.
El testimonio de Amaral también llevó a Janot a
solicitarle a la Corte Suprema que investigara a Eduardo Cunha, presidente de
la Cámara de Diputados, bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.
Amaral declaró que Cunha estaba involucrado en una red de
corrupción similar a la de Petrobras, en la que compañías constructoras pagaban
sobornos a la empresa eléctrica estatal Furnas con el fin de que les otorgaran
contratos.
En su solicitud a la Corte Suprema, Janot dijo que Cunha
era "uno de los líderes de una organización delictiva" que operaba en
Furnas.
Cunha, que también ha sido implicado en la investigación
de Petrobras, fue la fuerza impulsora de una iniciativa en la cámara baja para
que se le haga un juicio político a Rousseff.
El proceso para ese juicio se encuentra ahora ante el
Senado, donde una comisión de 21 integrantes decidirá si sigue adelante con el
asunto o no.
Los enemigos de Rousseff argumentan que su gobierno violó
las leyes fiscales en un intento por apuntalar el disminuido apoyo popular a su
gestión a través de incrementos al gasto público. La presidenta dice que el
procedimiento equivale a un intento de golpe de Estado.
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