DISTRITO NACIONAL. República Dominicana.- El Gobierno
dominicano solicitó este miércoles a la Procuraduría General de Panamá,
cooperación jurídica internacional en materia penal en todo lo relacionado al
caso de “los papeles de Panamá”, a fin de determinar si a través del mecanismo
indicado se ha incurrido en infracciones de evasión fiscal, lavado de activos o
corrupción.
El
pedimento fue hecho por el procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, y la directora de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, mediante
comunicación enviada a la Procuradora de Panamá, Kenia Porcell.
Domínguez
Brito dijo que hizo la solicitud a fin de determinar si existen ciudadanos
dominicanos con cuentas especiales y que hayan utilizado algún tipo de maniobra
tendente al ocultamiento a la evasión fiscal, al lavado de dinero o algún tipo
de negocio oculto que puedan hacer presumir la ocurrencia de un hecho criminal.
Dijo
que con la solicitud de cooperación y de información a la procuradora Porcell,
iniciarán una investigación sobre dicho documento y el impacto que pudiera
tener con la República Dominicana.
Expresó
que el pedimento se hace de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la
Convención Interamericana contra la Corrupción y los capítulos 4 articulo 43 de
la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y los artículos
9,18 y 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada, transnacional.
Manifestó
que la solicitud de cooperación internacional tiene por fin obtener información
relativa a una investigación que se realiza a raíz de la filtración masiva de
aproximadamente 11.5 millones de documentos de la base de datos de la firma de
abogados panameña Mosssack Fonseca.
Sostuvo
que en la misma se ha expuesto un esquema de estrategias de evasión, de
negocios ocultos y lavado de activos que estarían utilizando compañías
dominicanas, sus accionistas, profesionales de diversas aéreas, entre otros
particulares de nacionalidad dominicana.
Destacó
que la misma establece que mediante la creación de una multiplicadora de
empresas “offshore”, les permiten ocultar la identidad verdadera del
beneficiario, un posible enriquecimiento ilícito, acciones de lavado de
activos, eludir el pago de impuesto en la República Dominicana, entre otros,
ilícitos graves.
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