RIO
DE JANEIRO.- La Justicia brasileña acaba de condenar a 19 años y
cuatro meses de prisión a uno de los empresarios más poderosos del país,
Marcelo Odebrecht, ex presidente de la Organización Odebrecht, la compañía de
construcción e ingeniería más grande de América Latina, por corrupción, lavado
de dinero y asociación ilícita en el multimillonario caso de sobornos en
Petrobras.
Según el dictamen del juez federal Sergio Moro, que desde
Curitiba lleva adelante las investigaciones por el escándalo del "Petrolão", las pruebas han demostrado
en relación a Odebrecht "la práctica de crimen de corrupción que involucró
el pago de 108 millones de reales y 35 millones de dólares a los agentes de
Petrobras, un valor muy expresivo".
Moro también sentenció por los mismos
cargos y la misma pena a otros dos ejecutivos de la compañía, Marcio Faria y
Rogério Araújo, ex directores de Odebrecht.
Marcelo Odebrecht, de 47 años, había
sido detenido de forma preventiva el 19 de junio del año pasado, en un
operativo policial que causó gran asombro en Brasil por tratarse de uno de los
ejecutivos más influyentes del país, con fluidos contactos con el gobierno de
la presidenta Dilma Rousseff así como de todas las anteriores administraciones.
En diciembre del año pasado, Odebrecht renunció a la presidencia de la
compañía, cuando ya llevaba seis meses en la cárcel.
Según los fiscales del
"petrolão", la compañía Odebrecht era una de las grandes
constructoras que habían formado una suerte de cartel para asegurarse jugosos
negocios con Petrobras. Al menos desde 2003, pagaban coimas a directivos de la
petrolera estatal y a políticos oficialistas para garantizarse licitaciones. Se
sospecha que parte del dinero fue destinado a pagar campañas electorales de la
coalición gubernamental.
Por el multimillonario caso -que se estima desvió de
Petrobras más de 2000 millones de dólares- ya fueron detenidos una veintena de
grandes empresarios así como figuras muy vinculadas al oficialista Partido de
los Trabajadores (PT), como el ex tesorero de la agrupación, João Vaccari Neto;
el publicista João Santana, principal estratega de las campañas electorales de
Luiz Inácio Lula da Silva (2006)
y Rousseff (2010 y
2014); el senador petista Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en
la Cámara alta; y José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, ya antes condenado
por su participación en el escándalo del "mensalão" (2005).
Varios de los empresarios y políticos
arrestados han negociado con la Justicia acuerdos de delación premiada para
reducir sus condenas a cambio de dar más detalles y pruebas del complejo
esquema de sobornos y desvíos instalado en Petrobras. Según la prensa
brasileña, Marcelo Odebrecht estaba pensando en negociar con las autoridades
judiciales.
Ahora, su condena puede complicar la situación del ex
presidente Lula, quien está siendo investigado ante la sospecha de
que se habría beneficiado del "petrolão".
Específicamente, los fiscales creen que obtuvo dádivas,
donaciones y pagos indebidos de grandes empresas a través de su fundación, el
Intituto Lula, y que las constructoras Odebrecht y OAS pagaron por una finca de
la que sería dueño en Atibaia y un departamento tríplex en Guarujá, ambas
propiedades en el estado de San Pablo. En el marco de estas pericias, tanto la
residencia como la fundación de Lula fueron allanadas el viernes pasado, y el
ex mandatario fue obligado a ir a declarar ante la Justicia, una medida que
despertó gran polémica y llevó a la movilización de la militancia petista.
La presidenta Rousseff, delfín
político de Lula, no ha sido hasta el momento investigada por el
"petrolão", aunque hay cada vez más revelaciones que apuntan contra
ella, entre ellas el supuesto acuerdo de delación premiada del senador Amaral,
quien habría afirmado a la Justicia que tanto Rousseff como Lula estaban al
tanto de la red de sobornos que irrigaba a directivos de Petrobras y que
incluso trataron de bloquear las investigaciones judiciales.
En medio de una grave crisis política y sumida en una
profunda recesión económica, Rousseff sí encara un pedido de
impeachment en el Congreso por haber manipulado las cuentas
públicas para esconder el déficit. Además, su campaña por la reelección en 2014
está bajo investigación en el Tribunal Superior Electoral por presuntos abusos
de poder político y económico; la oposición alega que dicha campaña fue
financiada en parte por recursos desviados de Petrobras.
Pié de foto: Marcelo Odebredht.
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