DISTRITO NACIONAL. República Dominicana.- El Tercer Juzgado de la Instrucción de la
Provincia de Santo Domingo dispuso la libertad mediante garantías económicas de
300 mil y 600 mil pesos, a través de una aseguradora, a los siete militares
acusados de ingresar al país unas 220 armas de fuego de manera ilícita mientras
pertenecían a la Dirección de Material Bélico del Ministerio de Defensa.
Los
favorecidos con la libertad, dictada por el juez Julio Armando Aybar, son el
general de brigada de la Fuerza Aérea Dominicana Bienvenido Cordero Batista,
quien se desempeñaba como director general de Material Bélico; el teniente
coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artilles, encargado del Depósito de
las Armas de Material Bélico; y del mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz,
enlace entre la Intendencia de Material Bélico y el Ministerio de Interior y
Policía.
También,
el capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, encargado de archivo y
confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la
Intendencia de Material Bélico; el teniente de la Policía José Miguel Torres
Rodríguez, encargado de las armas de fuego de la Policía Nacional que están en
la Intendencia de Material Bélico, y el coronel del Ejército, Pedro Manuel
Guzmán Escarramán, propietario de una armería que supuestamente se encargada de
introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se
encontraban en los formularios alterados; así como al primer teniente del
Ejército, Edwin Rafael Almonte Camacho, asistente del director General de la
Intendencia de Material Bélico.
Los
siete fueron enviados a prisión por un año, en febrero pasado, como medidas de
coerción, por el Tribunal de Atención Permanente.
El
Ministerio Público los acusa de comprar el armamento en Estados Unidos para
luego venderlo en República Dominicana a través de la citada armería.
“Desde
el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego,
especialmente de marcas costosas, como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el
mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la
importación de todo tipo de armas de fuego mediante decreto número 309-06”, dice el Ministerio Público.
Dos de los siete oficiales cuando eran llevados al tribunal.
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