MIAMI. Estados Unidos.- Un nuevo equipo
de abogados defensores que lleva el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y
Cilia Flores, presidente y primera dama venezolanos, ha solicitado la
desestimación de pruebas y acusado a las autoridades de destruir evidencias,
informa El Nuevo Herald.
Los
jóvenes Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Fleitas,
familiares de la pareja presidencial venezolana, fueron
detenidos en noviembre pasado por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por
sus siglas en inglés), en una operación llevada a cabo en Haití. De 29 y 30
años de edad, respectivamente, los sobrinos de Flores están acusados de
conspirar para importar 800
kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Actualmente
se hallan detenidos en Nueva York y el proceso en su contra es por la Corte
Federal de Manhattan.
La
defensa presentó un grupo de mociones donde exige que las autoridades revelen
la identidad de otros posibles implicados en el caso, y que además hagan
pública cualquier información que incrimine a la primera dama o al régimen de
Nicolás Maduro, así como la campaña oficial de las elecciones de noviembre.
Una
de las mociones solicita a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York
suministrar cualquier información de la DEA vinculando a la pareja presidencial
con el caso de los sobrinos, “en vista a la necesidad de prepararse
adecuadamente para el caso”.
Otra
de las solicitudes declara que “es apropiado que el gobierno dé a conocer los
nombres de ‘co-conspiradores no acusados’ que el gobierno considere podrían
haber sido ‘cómplices’ de la conspiración criminal y sujetos de las pruebas que
piensan introducir en el juicio, incluso si esos individuos no forma parte de
la lista de testigos”.
Los
abogados solicitaron además excluir del juicio las confesiones de los sobrinos
después de su arresto, donde igualmente están implicados altos cargos del
gobierno venezolano.
“Parte
de las mociones introducidas tratan de obligar a las autoridades a divulgar qué
es exactamente lo que tienen sobre la pareja presidencial y otras personas del
chavismo y en otras tratan de conseguir que éstas no aparezcan en el juicio,
para que no salgan directamente implicadas”, dijo Antonio De La Cruz, director
ejecutivo de la firma Inter American Trends y quien ha estado observando de
cerca el caso.
Según
De La Cruz, “los esfuerzos de los abogados buscan apartar a Maduro, Cilia
Flores y su gobierno del juicio de los sobrinos”.
Parte
de la evidencia recaudada por la DEA fue suministrada a su vez por los propios
acusados al ser arrestados. Sus declaraciones detallaron el funcionamiento del
Cartel de los Soles, una organización narco controlada por chavistas, así
como la participación de la familia presidencial en ella.
Sin
embargo, la defensa alega que esa información fue obtenida ilegalmente al no
instruirse debidamente a los acusados de su derecho a guardar silencio. Según
los abogados, los sobrinos “creían que habían sido secuestrados y temían por
sus vidas”, por lo que su “espíritu (…) había sido quebrado y era fácil
doblegarles”. Debido a ello, “sus comentarios subsiguientes deberían ser
suprimidos por haber sido otorgados en desconocimiento e involuntariamente en
violación a la cláusula de debido proceso”.
Según
los abogados defensores, pertenecientes a las prestigiosas firmas Sidley Austin
LLP y Boies, Schiller & Flexner LLP, los derechos de sus clientes fueron
violados al ser editadas y destruidas grabaciones e imágenes de video “que no
encajaban en la narrativa que los informantes querían elaborar”. Todo ello
demostraría, supuestamente, que los acusados eran jóvenes empresarios inducidos
a participar en la conspiración para importar la droga.
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