WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos
insistió este miércoles en defender ante su Tribunal Supremo que la
soberanía de Puerto Rico reside en Washington y que la última fuente de
poder sobre la isla es el Congreso estadounidense.
El
Tribunal Supremo de EEUU escuchó el miércoles los argumentos de las partes
implicadas en un caso llevado ante esa corte por el Gobierno de Puerto Rico.
La
corte más alta buscará dirimir sobre los límites de la soberanía judicial de
la isla y la cláusula constitucional de doble exposición (double
jeopardy), que prohíbe que un mismo Gobierno soberano acuse dos veces
por los mismos hechos a una persona.
Concretamente,
el caso "Puerto Rico vs. Sánchez Valle" pone en discusión si los
tribunales de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EEUU, pueden
procesar a una persona por un delito por el que ya ha sido juzgado en los
tribunales federales.
En
este caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en su día que la isla
no tiene soberanía propia para juzgar a una persona que ya había sido
juzgada en el ámbito federal de EEUU.
El
Departamento de Justicia de Puerto Rico, en respuesta, pidió una revisión al
Supremo estadounidense, la cual fue concedida.
Ahora
la máxima instancia judicial estadounidense debe pronunciarse sobre el caso, lo
que podría llevarle a tener que emitir una opinión sobre los límites en
materia de soberanía de Puerto Rico, en su calidad de Estado Libre Asociado a
EEUU. Incluso podría sentar jurisprudencia para redefinir la relación
política entre ambos territorios.
"Vamos
a poder probar nuestro caso. Tenemos razón", dijo el miércoles el
gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a medios locales desde la
localidad sureña de Ponce.
La
gran expectativa levantada por este caso surge a raíz de un alegato del
Departamento de Justicia de EEUU ante el Supremo federal el pasado 24 de
diciembre.
En
dicho alegato, el procurador general, Donald Verrilli, defendió que los
poderes sobre Puerto Rico le corresponden al Congreso estadounidense, lo
que significa que el Estado Libre Asociado carece de soberanía.
"Aunque
Puerto Rico ejerce autoridad local significativa, con gran beneficio para su
gente y para los Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo
nuestro sistema constitucional", dijo.
La
postura del Departamento de Justicia federal provoca malestar en todos los
estamentos políticos de la isla, que la interpretan como una confirmación
del estatus colonial y de sometimiento a Washington que algunos sectores
denuncian sufre Puerto Rico.
El
propio gobernador ha asegurado que esta tesis, aparte de estar reñida con
posturas previas de Washington, es contraria a toda la jurisprudencia
vigente del Tribunal Supremo federal, que le reconoce al Estado Libre
Asociado un grado de autonomía similar al de los estados de la unión.
En
ese sentido incluso remitió una carta al secretario general de la ONU, Ban
Ki-Moon, para defender la, a su juicio, completa autonomía que ostenta el
Estado Libre Asociado en asuntos internos, iniciativa que fue apoyada por la
clase política local.
Verilli
justificó su postura al señalar que la Constitución del Estado Libre Asociado
está supeditada a la autoridad del Congreso estadounidense y que la isla es un
territorio bajo la tutela del Congreso de EEUU, por lo que no cuenta con
soberanía propia para juzgar a personas que han sido enjuiciadas por los
mismos delitos en el foro federal.
En
la carta a Ban, García Padilla recordó que en su comparecencia ante Naciones
Unidas en 1953, EEUU enfatizó que el Artículo 1 de la Constitución de Puerto
Rico preceptúa que su "poder político emana del pueblo y debe ejercerse de
acuerdo a su voluntad, dentro de los términos del pacto acordado entre el
pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América".
Las
autoridades puertorriqueñas alegan que en 1952, cuando la isla aprobó su
Constitución, hubo un cambio en la relación con EEUU y Puerto Rico se
convirtió en una entidad autónoma con su propia legislatura y libertad de
elaborar sus propias leyes.
Aunque
ahora se espera con gran atención la decisión del Supremo, lo cierto es que
este podría no entrar en profundidad en la cuestión y limitarse a dirimir sobre
este caso en particular.
Pie de foto:
Palacio del Ejecutivo puertorriqueño.
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