NUEVA YORK.- El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció este lunes una nueva iniciativa que le dará a la Fiscalía General la autoridad para investigar y potencialmente someter cualquier infracción en el gasto público, incluyendo asignaciones presupuestales a legisladores, contratos, y el fraude de pensiones.
Trabajando con la Contraloría para vigilar la integridad pública en Albany, el Fiscal General está reforzando su enfoque múltiple para erradicar el despilfarro, el fraude y la corrupción en el gobierno estatal.
"Como administradores de la confianza del público, todos somos responsables de hacer nuestra parte para acabar con la corrupción pública usando todas las herramientas a nuestra disposición. Tenemos que ser más inteligentes, más rápidos y más eficientes de lo que la ley actual permite", dijo el Fiscal General Schneiderman.
"Por eso es fundamental que cerremos las lagunas que existen en la Ley vigente en el marco de la búsqueda de una efectiva legislación ética. Necesitamos esa legislación ahora más que nunca, y espero atentamente trabajar con el gobernador y los líderes legislativos en las próximas semanas para hacer justamente eso".
Mediante la nueva iniciativa también se ampliará la competencia de la Fiscalía General en torno a las autoridades públicas del estado -un gobierno en la sombra- que opera fuera de la vista del público y, a menudo sin rendición de cuentas.
El Fiscal General Schneiderman, ha puesto la restauración de la fe de los neoyorquinos en su gobierno del estado como una prioridad de su administración.
Al asumir el cargo, estableció una nueva Oficina de Protección del Contribuyente para enfrentar los contratistas corruptos, los estafadores del fondo de pensiones, y el fraude fiscal a gran escala que estafa al gobierno del estado y sus contribuyentes.
Se reforzó la Unidad de Control de Fraude de Medicaid y ya ha asegurado decenas de millones de dólares en recaudaciones para los neoyorquinos. Y apenas la semana pasada en Rochester, comenzó a cumplir su promesa de nombrar un oficial de la integridad del público en las 13 oficinas regionales de la Fiscalía General para que los ciudadanos puedan sentirse seguros al reportar la corrupción local a un fiscal independiente.
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